En noviembre de 1973, se sancionó en Argentina la Ley 20561, con la cual se fijó el 10 de junio como día oportuno para expresar y reafirmar el reclamo de soberanía sobre los territorios de las islas Malvinas e inmediaciones, dominadas por el gobierno británico.

Un 10 de junio de 1829, Luis Vernet (empresario alemán emigrado a la Argentina) fue nombrado como Primer Comandante Político Militar de las Malvinas en Puerto Soledad por Martín Rodríguez, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto asentó el mayor antecedente legal en relación con los reclamos argentinos sobre el territorio de las Islas Malvinas.

El gobernador interino de las Provincias Unidas del Río de la Plata designa a Luis Vernet gobernador de las islas Malvinas y expide un decreto cuyos primeros artículos dicen:

  • 1º, Las islas Malvinas, y las adyacentes cabo de Hornos, en el mar Atlántico, serán regidas por un comandante político y militar, nombrado inmediatamente por el Gobierno de la República.
  • 2º, La residencia del comandante político y militar será en la isla de Soledad; y en ella se establecerá una batería, bajo el pabellón de la República.
  • 3º, El comandante, político y militar hará observar por la población de dichas islas las leyes de la República, y cuidará en sus costas de la ejecución de los reglamentos sobre posta de anfibios.

La invasión inglesa

El 3 de enero de 1833 tropas inglesas desplazaron por la fuerza a los habitantes y a las instituciones argentinas que funcionaban allí luego de que Argentina culminara su proceso de independencia y quedara como heredera legítima de los territorios que antes pertenecían a España.

Desde este desplazamiento e invasión inglesa, sucesivos gobiernos argentinos han pedido, a través de vías diplomáticas y sin resultados favorables, abrir el diálogo para encontrar una solución a este conflicto.

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el conflicto en 1965 y lo entendió como un acto de colonialismo que atenta los derechos humanos básicos, pone en riesgo la seguridad internacional y contradice la Resolución 1514 (1960), la cual exhorta a los países que aún mantienen colonias a disolverlas.