El programa de incentivos a la producción contempla promover inversiones por u$s 5000 millones hasta 2023 y sustitución de importaciones que generará un ahoro de divisas de u$s 5600 millones.

«Hemos vivido cuatro años muy difíciles en Argentina, en los que hubo que pagar aumentos siderales de tarifas y mientras eso sucedía, la producción declinaba: algo no anduvo bien, vamos a corregir las cosas y darle a la Argentina el gas que necesitan los argentinos para vivir y las industrias para producir». Fue la definición que eligió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para presentar el Plan Gas, un programa que promete incentivar la inversión y la producción, en un sector que quedó prácticamente paralizado en los últimos años, atrapado en medio de políticas contradictorias, muchas veces incentivadas a partir de intereses específicos de empresas que participaban del propio gobierno de Mauricio Macri en puestos claves.

El yacimiento en el que ayer Alberto Fernández hizo la presentación, acompañado de funcionarios provinciales, del gobierno nacional y de autoridades de YPF, Loma Campana, fue uno de los primeros que se desarrolló sobre la formación Vaca Muerta, un reservorio con altísimo potencial de producción pero a través de métodos no convencionales de extracción de gas y petróleo. Esta última condición es lo que obligó a buscar la asociación con el capital privado extranjero que pudiera aportar ese conocimiento.

Tras ser renacionalizada en 2012, YPF lideró el proceso de desarrollo de las inversiones en Vaca Muerta, que comenzaron a reflejarse en resultados ya en el segundo año tras la recuperación. Pero ese proceso se detuvo durante la gestión de Juan José Aranguren (ministro de Energía) y Mauricio Macri, a partir de 2016.

Fernández recordó en el acto en Añelo, Neuquén, ese derrotero de YPF durante el macrismo. «Es muy triste ver cómo la curva de crecimiento se sostuvo hasta 2015 y después comenzó a descender, ver cómo la empresa se endeudó y cómo la dejaron en una situación muy compleja, que nosotros vamos a revertir».

El objetivo del Plan Gas es que Argentina vuelva a autoabastecerse de ese insumo energético y cuente con excedentes exportables. El programa aspira a estimular las inversiones por u$s 5000 millones en un esquema que se extenderá hasta el año 2023 inclusive. Además, se plantea sustituir importaciones en el período por 18.000 millones de m3 de gas, que el país debe adquirir en la forma de gas licuado (GNL). Ello supondría un ahorro de divisas, según se estimó, de 5600 millones de dólares.

El presidente de la Nación destacó que el Plan Gas no estará circunscripto al yacimiento Vaca Muerta, sino que se contemplará una participación equitativa de todas las regiones productoras, considerando también la producción off-shore. Ello se lograría estableciendo volúmenes máximos por cuenca en el abastecimiento al mercado interno. El esquema de contratación del macrismo, despreciando el impacto regional, permitía que las áreas más rentables concentraran la inversión y la provisión del gas. Eso provocó el abandono de diversas áreas productoras que no podían equiparar el atractivo de Vaca Muerta.

El nuevo esquema para la actividad contemplaría un mecanismo de precios distinto al implementado durante el Gobierno de Cambiemos, que le impuso precios prohibitivos a las tarifas y terminó estallando tras las sucesivas devaluaciones que se dispararon desde el primer semestre de 2018 en adelante. Ahora se impondrá un precio tope de 3,70 dólares por millón de BTU (unidad para medir el potencial calórico del gas entregado), y por debajo del mismo, un mecanismo de subastas para que cada productor cotice ofreciendo a precios inferiores para abastecer la demanda, compuesta por distribuidoras y Cammesa (órgano mixto de administración del mercado mayorista de gas).

«Tuvimos que tomar la decisión de congelar las tarifas», explicó Alberto Fernández delante de los productores, e inmediatamente aseguró que el nuevo esquema permitirá «armonizar» la situación entre el precio necesario para atraer inversiones con la tarifa que puede afrontar el usuario residencial, el comercio y la industria.

La determinación de la tarifa final al usuario no está resuelta, porque está pendiente de definición una nueva revisión tarifaria integral con participación del ente de control, el Enargas. El objetivo en el horizonte es establecer una «tarifa justa» en función de las posibiidades de la población y la conveniencia de alentar la actividad económica de los usuarios no residenciales. Luego, se determinaría la tarifa necesaria para garantizar los costos de producción, transporte y distribución, y la diferencia sería cubierta por subsidio oficial.

Página 12